LLUVIA DE CRÍMENES,SEQUÍA DE IDEAS

Las cifras de inseguridad del mes pasado nos dejan claro quién va ganando la guerra. En las calles los crímenes se duplicaron. En un mes de 31 días se asesinaron a 64 personas (37 más que enero de 2021). De su lado la Justicia atraviesa un momento de inestabilidad en lo administrativo, más allá de los mensajes contradictorios que nos envía cuando procesa a un policía por hacer su trabajo y abatir a un delincuente.

Si alguna solución está en manos de la Asamblea es probable que llegue muy tarde o mal hecha. El Gobierno Central no se queda atrás y a través de su representante en la provincia nos deja ver que, en medio de una lluvia de crímenes, hay una sequía de ideas. Es así como luego de cientos de asesinatos perpetrados en la cárcel y otros miles ordenados desde allí, hoy existe un campamento militar en el perímetro de la penitenciaría. Es decir, militares coexistiendo con criminales a los que aún no pueden desarmar. Sin duda, las luces led ofrecidas por el Gobernador podrían servir, pero para iluminar algunas mentes.

Ante lo expuesto cabe la pregunta: ¿existe alguna política pública que esté contemplando el Gobierno para resolver este problema de inseguridad y violencia extrema? La respuesta es incierta, al igual que la fecha en que se concretará la colaboración internacional que se anunció luego de la segunda matanza en la Regional 8. Ya en el plano judicial, es claro que la solución va más allá de una reforma. Para quienes tienen la esperanza en una consulta y una reforma constitucional deben tomar en cuenta lo siguiente: el Código Orgánico Integral Penal, desde su vigencia en el 2014 ha tenido 15 reformas legales. Sin embargo, poco o nada ha cambiado la situación de injusticia e impunidad.

Entendiendo que no se trata solo de un problema de reforma de leyes debemos enfocar las soluciones a aspectos más elementales, por ejemplo: brindar a jueces y fiscales verdaderas garantías en materia de su seguridad personal. No es novedad que las bandas criminales tienen la posibilidad de acceder a su ubicación, números telefónicos y a su entorno familiar para ejercer presión sobre ellos. Otro punto clave es el salarial. Los servidores judiciales deben ser remunerados de forma adecuada para asegurar su independencia económica y que la Justicia no se vea contaminada por los intereses del crimen organizado.

Mientras tanto la ciudadanía no tiene más remedio que esperar que lo ofrecido se cumpla, que funcione y que surjan nuevas y mejores ideas. Durante esta espera, con o sin luces led, los ciudadanos seguiremos soportando el golpeo constante de una delincuencia que frena la reactivación económica, que nos pone en una lista roja de países inseguros para visitar y que hace todos nos planteemos la posibilidad de que quizá un día algún criminal impida que volvamos de nuevo a casa.