LA CONVERSACIÓN PENDIENTE

La impunidad imperante en el Ecuador nos deja claro que la crisis en el sistema de justicia va más allá de lo institucional. Se trata de un problema de valores éticos y profesionales, en un segmento de jueces abiertamente predispuestos a emitir fallos ajustados a la medida de algunos privilegiados.

Estos “servidores” sin vergüenza alguna evidencian que para la Justica hay ciudadanos de primera y segunda categoría. No hay exageración en lo expuesto. La semana pasada fuimos testigos de lo que significa la justicia hecha a la medida y las ventajas de ser un “usuario” del sistema de justicia que goza de relevancia pública.

Primero, las medidas cautelares en materia constitucional que beneficiaron a Guadalupe Llori al disponer que la Asamblea Nacional no se reúna y por lo tanto no pueda iniciar un proceso de evaluación de sus autoridades. Mientras la presidenta se aferra a su cargo el órgano legislativo del país se encuentra en pausa. Leyes urgentes en seguridad y empleo siguen en la nada.

Luego, el Habeas Corpus concedido al exvicepresidente de la República. Jorge Glas fue beneficiado con este recurso a pesar de que pesan en su contra tres sentencias, dos de ellas ejecutoriadas. No padece una enfermedad terminal ni fue víctima de tortura u otro actuar que pusiera en riesgo su vida; tal como manda la Corte Constitucional en una sentencia. Esta claro que no era cualquier PPL, debido a la envergadura de los casos por los que fue procesado y sentenciado. No podemos pasar por alto que mas allá de los alcances e implicaciones de lo decidido jurídicamente, esta es una situación de evidente connotación política.

Y ¿qué pasa si tu apellido no es Glas o LLori? Mejor dicho ¿Qué pasa si la justicia te considera como ciudadano de segunda categoría? Pues una semana antes de que el exvicepresidente fuera liberado “por sufrir de alucinaciones” un PPL común como Miguel Jimenez murió de una enfermedad catastrófica en espera de un Habeas Corpus. La primera vez que lo solicitó se lo negaron por no presentarse a la audiencia. Esta decisión fue tomada a pesar de que el juez a cargo fue notificado de la hospitalización del recluso por motivo del grave cuadro de gangrena que lo afectaba.

A pesar de que Glas recuperó su libertad, eso no implica que fue declarado inocente. Ni que sus sentencias quedaron sin efecto. La sentencia constitucional modificó la ejecución de la condena, y lo que resta de tiempo será cumplido en libertad. A todas luces un nefasto precedente y una burla al sistema de Justicia Penal del país.

La excarcelación del exvicepresidente fue un golpe duro para el Gobierno de turno y hoy debe lidiar con las acusaciones de un supuesto pacto político. La solución propuesta en lo jurídico es presentar una apelación. Mientras que, en lo político, esperan un cambio con la posible convocatoria a una Consulta Popular cuyos temas aún desconocemos. Sin embargo, desde el oficialismo se habla de una Reforma Judicial, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana.

En este punto debemos tener claro que no se trata de una solución fácil ni a corto plazo. El primer escollo está en la calificación de las preguntas a cargo de la Corte Constitucional y, al ser un ejercicio de democracia directa, implicaría que se transcriba el texto íntegro de las reformas o leyes a proponer. Es fácil suponer lo complejo que se sería entender y exponer cada pregunta para que sea aprobada por los ciudadanos en las urnas. Sin duda alguna, la vía corta es que la Asamblea y el Ejecutivo tracen una hoja de ruta conjunta y se pongan a trabajar. Pero, todo indica que ellos aún no están preparados para esa conversación y por lo tanto seguirá en la larga lista de pendientes.