Garantías Policiales

Si las bandas criminales tienen más garantías para operar que la Policía Nacional, entonces nadie está protegiendo a la ciudadanía. Sin duda la semana pasada el hampa sintió un aire de empoderamiento. Por un lado, ganan la batalla a tiros en las calles y les arrebatan la vida a varios ciudadanos, entre ellos al sargento Freddy Lazz en Guayaquil. Por otro, la justicia envía un mensaje que suena a respaldo sentenciando a 3 años de prisión al cabo Santiago Olmedo; tras abatir a uno de los dos delincuentes que atentaban contra la vida de un adolescente en Riobamba.

Quienes vivimos en la denominada Zona 8, donde coexisten dos de los cantones con más muertes violentas del país (Guayaquil y Durán), vemos a diario como el problema de la inseguridad se alimenta de injusticia e impunidad. Quizá las estadísticas que presenta la Gobernación hablan de delitos a la baja. Sin embargo, las calles y la prensa cuentan algo diferente.

Vivimos en medio de una ola delincuencial sin límites y quienes están encargados de protegernos se ven amenazados por un sistema que no les brinda garantías elementales para cumplir su deber. Si hablamos de cifras oficiales hay algunas que retratan claramente la gravedad del problema. Al menos 900 policías enfrentan procesos penales derivados de su trabajo en las calles. Mientras que 20 policías murieron asesinados entre el 2020 y lo que va del 2022 a manos de la delincuencia.

En este sentido, es menester establecer con claridad los alcances del uso progresivo de la fuerza y así, sin duda alguna, los policías puedan actuar sin temor de que la ley les juegue en contra. La reforma legal que se propone es solo uno de varios ítems pendientes en la lista de necesidades que atraviesa la institución policial. Para nadie es sorpresa la falta de recursos económicos. Una situación que obliga a muchos policías a autofinanciar las balas, así como el abogado que los representa en procesos legales como los que enfrenta el cabo Olmedo.

En cola existen temas pendientes como: la mejora en las remuneraciones, ya que un policía recibe alrededor 1100 dólares de remuneración, de cuyo valor deben hacerse las deducciones como por ejemplo la de seguridad social, lo que deja un valor disponible de menos de 800 dólares; seguros que den cobertura efectiva a familias como las del extinto sargento Lazz, planes de carrera que incentiven a los uniformados a mantenerse en permanente formación y también se encuentra pendiente una purga interna de los malos elementos. En esta guerra contra la inseguridad el Estado ya no puede permitir una Policía de manos atadas frente a una delincuencia que se empodera en las calles con el arma en una mano y la justicia en la otra.